Informe 2016 de Migra Studium sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) Zona Franca BCN

Desde hace seis años la Fundació Migra Studium ha formado y consolidado un equipo de voluntarios que visita el CIE de la Zona Franca de Barcelona con el doble objetivo de acompañar las personas internadas y defender sus derechos, identificando y denunciando las vulneraciones de derechos que se detectan.

Durante el año 2016 pasaron por el CIE de Zona Franca de Barcelona 640 personas, solamente hombres, ya que el CIE de Barcelona no dispone de módulo para mujeres. Hay que recordar que el CIE estuvo cerrado por obras desde finales del 2015 hasta julio de 2016.

Migra Studium ha acompañado, de septiembre a diciembre de 2016, 146 personas – un 22,81% de los internos-, con un total de 414 visitas. La alta ocupación del CIE ha hecho que se haya superado el número de demandas de visitas, y se haya atendido en solamente 4 meses, un número similar de internos que en el año 2015.

En este informe se recogen los datos observados por los voluntarios, en relación a las personas visitadas por Migra Studium, no a la totalidad de los internos. Señalamos algunos de los puntos principales.

Se criminaliza a las personas migrantes privadas de libertad

El Ministerio de Interior continúa criminalizando las personas migrantes privadas de libertad en los CIE, con un discurso que se apoya en el argumento que “se interna y expulsa personas delincuentes y/o de alta peligrosidad”. Las visitas durante el 2016 en Barcelona cuestionan este lenguaje: el 74,66% de los internos visitados no presentaba antecedentes penales y solamente el 18,49% estaba imputado o procesado en un procedimiento judicial pendiente de sentencia, y algunos ya habían completado su condena. Creemos que hay una voluntad clara de estigmatizar al conjunto de la población migrante en situación irregular, justificando así las medidas de control, seguridad y la gestión policial de la expulsión y el internamiento.

Se hace un uso excesivo e injustificado de la privación de libertad

De las personas visitadas por Migra Studium durante el 2016 más de la mitad fueron puestas en libertad. Los bajos índices de expulsiones hacen sospechar que se está haciendo un uso excesivo e injustificado de la privación de libertad. Constatamos también que muchos de los internamientos se producen de forma innecesaria, ya que es imposible llevar a cabo la expulsión. Esto provoca una vulneración flagrante del derecho a la libertad y fuerza las personas migrantes a soportar una situación de internamiento por la cual no deberían de pasar.

Las condiciones del internamiento y la ocupación máxima del centro generan problemas y tensiones

Si bien es cierto que las obras de mejora produjeron un cierto efecto de bienestar durante las primeras semanas, a partir del octubre de 2016 el CIE volvió a unos niveles de ocupación máxima y se volvieron a evidenciar las viejas problemáticas vinculadas al espacio físico y a la estructura del edificio.

Además, el modelo actual de gestión exclusivamente policial del CIE provoca una acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial, en clarísimo detrimento de las condiciones de vida de los internos y del ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Se internan personas en situación de vulnerabilidad y menores

Unos veinte de los internos acompañados han declarado ser menores de edad, de los cuales dos fueron reconocidos como tales. Como voluntarios y voluntarias que visitamos internos dentro del CIE podemos decir que hoy día hay menores en el circuito jurídico de las expulsiones. Esta situación es alarmante si tenemos en cuenta el entramado jurídico existente, y la prohibición explícita de la Ley de Extranjería, y nos lleva a afirmar que la presencia de menores extranjeros no acompañados indocumentados (M.E.N.A) en el CIE es un indicador que los instrumentos jurídicos de protección de los menores no están funcionando correctamente.

Se producen vulneraciones de los derechos de las personas

  • Derecho a la tutela judicial: Pasa con frecuencia que las personas que ingresan en el CIE no conocen quien es el abogado que los asistió en el procedimiento sancionador de expulsión, ni quien es el letrado que los acaba de asistir en la visita ante el juez de guardia que ha autorizado su internamiento, y que acostumbra a ser una persona diferente. Encontramos que, a pesar del marco legal, la calidad de la asistencia letrada de las personas que llegan a los CIE es, con frecuencia, muy deficiente.
  • Derecho a ejercer peticiones y quejas: en el CIE de la Zona Franca como en la mayoría de los CIE no existe un mecanismo para que los internos puedan formular directamente peticiones y quejas al Juez de Control, Fiscal de extranjería, Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) o otros actores, solamente al director.

  • Derecho a la información:gran parte de las personas internas en los CIE no comprenden ni el conjunto de las circunstancias de su situación administrativa ni de su internamiento. Hemos notado también las graves deficiencias en la información de sus derechos y obligaciones, de las normas de régimen interior y de convivencia, de las normas disciplinarias y de los medios para formular peticiones y quejas; sobre la manera de acceder a su expediente personal; sobre las posibilidades de acceder a los procedimientos de asilo y protección; y en la notificación de la materialización de la expulsión, bien por ausencia de notificación o porque se lleva a cabo de manera incompleta e imprecisa.

  • Derecho a intérprete y traducción: durante el 2016 el 23,51% de las personas internas visitadas, mostraba dificultades para expresarse y/o comprender la lengua española de tal forma que necesitaban la asistencia de un intérprete en cualquier relación o contacto dentro del CIE o con el exterior. En todos estos casos, hemos advertido la ausencia de garantía al derecho a ser asistido por un intérprete.

  • Derecho a la comunicación: Los internos reciben visitas en una sala que permite la proximidad y el contacto físico con los familiares, pero no garantiza la protección de las conversaciones, ya que fácilmente se oyen las conversaciones de las salas vecinas.
  • Derecho a la salud: seguimos encontrando en el CIE personas con enfermedades ya diagnosticadas antes de entrar – sobre todo enfermos psíquicos-. Estos comparten habitaciones con el resto de los internos sin recibir atención médica especializada y llegan incluso a ser expulsados. De los casos que hemos seguido, tanto en el 2015 como durante el 2016, destacamos el caso de internos con VIH y el hecho de visitar varios internos con enfermedades crónicas y enfermedades psíquicas.
  • Derecho a la integridad física: Durante el 2016 las agresiones y el trato intimidador entre internos ha tenido una presencia destacada. Las peleas entre internos probablemente agudizadas para la tensión acumulada del cierre, hacinamiento, el desconocimiento de la situación jurídica, desconocimiento de la lengua, etc., generaron unos condicionantes que facilitaron estos brotes de violencia. Por lo que respecta a las agresiones por parte de la policía, las que hemos tenido conocimiento se han dado exclusivamente dentro del marco de las protestas protagonizadas por los internos, y a causa del hecho que como mecanismo para desactivarlas se utilizaron agentes antidisturbios. Más habituales son las quejas que nos comentan los internos sobre el trato poco respetuoso de algunos funcionarios, que si bien no son generalizados, tampoco no son ni perseguidos ni corregidos.

El compromiso en la defensa de los derechos de las personas migrantes, así como la experiencia del acompañamiento a los internos del CIE, llevan a la Fundació Migra Studium a oponerse a la figura del internamiento de personas dentro de un procedimiento administrativo, y es por esta razón que la entidad se posiciona a favor del cierra de los CIE y a favor de medidas alternativas al internamiento.

La tarea del grupo de voluntarios que visita el CIE se fundamenta en el hecho de reconocer el valor indiscutible de cada persona, sean cuales sean sus circunstancias, desde la convicción que cada persona es digna de ser acogida, respetada, valorada y acompañada. El acceso a las instalaciones de forma periódica para realizar este acompañamiento es un primer paso para detectar y prevenir abusos y vulneraciones de derechos, sin buscar suplir las obligaciones de atención social que tienen las Administraciones y las entidades contractadas para proporcionar servicios médicos, psicológicos y sociales.

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